En las 107 universidades del estado, tanto públicas como privadas, se está enfrentando un crecimiento exponencial en la detección de certificados falsos de bachillerato, con un promedio de hasta cinco casos por institución cada año. Este fenómeno, confirmado por personal académico y rectores, está directamente vinculado al aumento en la matrícula escolar.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ordenado a las instituciones educativas recopilar información sobre los alumnos afectados y proporcionar datos sobre las instituciones o domicilios falsos, mientras retiene los documentos ilegales para emprender acciones legales contra los responsables.
El presentar un certificado falso ya no solo conlleva la invalidación de materias; ahora, se busca levantar denuncias penales, un delito sancionable con prisión de cuatro a ocho años y multas de doscientos a trescientos sesenta días.
La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del estado ha establecido pautas específicas para identificar un certificado falso, desde el gramaje del papel hasta la autenticidad de los sellos y la verificación de los sitios web de las presuntas instituciones. El problema se ha agravado aún más con la presentación de solicitantes con documentos de otros estados del país.
El sistema de validación se ha mejorado con la tecnología, pero los intentos de burlar este requisito son más sofisticados, incluso hasta el robo de identidades. Los controles escolares se han vuelto más efectivos, y los procedimientos de verificación, más rigurosos.
A pesar de estas medidas, los estudiantes han respondido de manera igualmente sofisticada, desconociendo la falsedad de sus certificados y recurriendo a dramatizaciones o amenazas de demandas.
Felipe Ortiz Compañ, rector de la Universidad Privada de la Península, confirmó que entre las instituciones privadas de educación superior en el estado se registran hasta cinco casos en promedio cada ciclo escolar, una cifra que se ha duplicado en los últimos dos años.
Las autoridades educativas están tomando medidas para abordar este problema de manera efectiva. La SEP ha instado a las instituciones educativas a colaborar en la identificación de casos y proporcionar información detallada para facilitar acciones legales.
Se espera que la implementación de medidas más rigurosas de validación y verificación de documentos contribuya a disuadir a aquellos que intentan falsificar certificados. La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) dispone de un sitio web donde se puede acceder a la relación de Instituciones Particulares y sus programas educativos, otorgados y retirados por la SEP y las autoridades educativas estatales.
