Mientras la deuda estatal por habitante disminuyó en la mayoría de las entidades del país durante los últimos diez años, Yucatán fue el único estado que registró un incremento en este indicador, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
El análisis revela que la deuda per cápita en la entidad pasó de mil 974 pesos por habitante en 2016 a 3 mil 784 pesos durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento de mil 809 pesos por persona en el periodo evaluado.
Este comportamiento contrasta con la tendencia observada a nivel nacional, donde la deuda subnacional por habitante mostró una reducción sostenida al pasar de 7 mil 463 pesos a 5 mil 246 pesos en el mismo lapso.
La diferencia también es notable respecto a los otros estados de la Península de Yucatán. Quintana Roo registró la mayor disminución del país, al reducir su deuda por habitante en 11 mil 273 pesos, mientras que Campeche reportó una baja de 404 pesos.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas explicó que la deuda per cápita es un indicador utilizado para medir la carga financiera que, en términos teóricos, correspondería a cada ciudadano si el total de los compromisos financieros de una entidad se distribuyera entre toda su población.
Especialistas consideran que este indicador permite dimensionar el peso de las obligaciones financieras estatales y facilita las comparaciones entre entidades, independientemente de su tamaño poblacional.
Aunque el aumento no implica que cada habitante deba cubrir directamente esa cantidad, sí refleja el crecimiento de los compromisos financieros asumidos por el estado en relación con el número de personas que residen en la entidad.
Los datos colocan a Yucatán como una excepción dentro del panorama nacional de los últimos años, en un contexto donde la mayoría de los gobiernos estatales han mostrado una tendencia hacia la reducción o estabilización de sus niveles de endeudamiento por habitante.
El reporte pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el manejo de las finanzas públicas y el impacto que los proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo pueden tener en los niveles de deuda de las entidades federativas.