El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, rechazó que el Gobierno Federal haya destinado recursos a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de una negociación para poner fin al plantón que los docentes mantuvieron en la Ciudad de México.
Durante una entrevista, el funcionario negó que los aproximadamente 800 millones de pesos anunciados recientemente hayan sido ofrecidos como una condición para que los maestros levantaran su protesta. Aseguró que dichos recursos forman parte de una estrategia que se ha aplicado en años anteriores para atender necesidades educativas detectadas mediante diagnósticos realizados por la dependencia.
Delgado explicó que el financiamiento está dirigido a fortalecer distintos niveles educativos, como preescolar, primaria y telesecundaria, particularmente en entidades con mayores rezagos, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
El secretario subrayó que los recursos provienen del presupuesto ordinario de la SEP y forman parte de un programa que se ha implementado durante tres años consecutivos para responder a necesidades estructurales del sistema educativo. Entre los objetivos se encuentran la creación de nuevas plazas docentes, procesos de basificación, recategorizaciones laborales y ampliación de horas de trabajo para maestros.
Asimismo, sostuvo que la asignación de fondos se realiza con base en estudios que permiten identificar dónde hacen falta escuelas, docentes y personal educativo, por lo que descartó cualquier vínculo entre estos recursos y las negociaciones derivadas del paro magisterial.
El funcionario también enfatizó que el dinero no es administrado ni entregado a integrantes de la CNTE o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sino que se canaliza directamente a través de los mecanismos institucionales de la dependencia.
Las declaraciones surgen luego de que diversos sectores cuestionaran el origen y destino de los recursos anunciados tras las movilizaciones de la CNTE, organización que mantiene entre sus principales demandas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el retorno a un sistema solidario de pensiones para los trabajadores de la educación.
Con ello, la SEP busca despejar las versiones sobre un supuesto acuerdo económico con el magisterio disidente y sostiene que los recursos forman parte de acciones permanentes para reducir el rezago educativo en las regiones con mayores necesidades del país.