Trabajadores y extrabajadores de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunciaron una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras ocurridas durante la gestión de Marx Arriaga al frente del área.
De acuerdo con una publicación del diario El Universal, los señalamientos involucran al ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona, quien habría operado diversos esquemas al interior de la dependencia, supuestamente con respaldo del entonces titular.
Señalamientos sobre depósitos y “moches”
Según los testimonios recabados, los recursos obtenidos mediante presuntas gestiones irregulares no permanecían en la institución, sino que eran depositados en la cuenta bancaria de Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, identificado como pareja sentimental de Loaiza Escalona.
En una solicitud de intervención dirigida a la oficina de Estefanía Chávez Huerta, se expuso la existencia de supuestos “aviadores” —personas que cobraban sin desempeñar funciones— que habrían ingresado por recomendación directa del funcionario señalado.
Tras detectarse depósitos a la cuenta referida, algunas personas fueron señaladas como presuntas cómplices. No obstante, una trabajadora aseguró que actuó con conocimiento y autorización de la Dirección General.
Ambiente laboral bajo presión
El escrito también describe un entorno laboral marcado por intimidación, acoso y presuntas conductas coercitivas para impedir cuestionamientos internos. Se menciona la existencia de folios de investigación, como el 68198/2025, relacionados con conductas violentas atribuidas a Loaiza Escalona.
De acuerdo con los denunciantes, este contexto habría facilitado la práctica de los llamados “moches” dentro del área de Materiales Educativos.
Solicitud de protección e investigación
La petición formal fue presentada por Omar Guadarrama, entonces trabajador de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, quien afirmó haber sido señalado como partícipe en los presuntos cobros irregulares con el objetivo de forzar su salida.
Guadarrama solicitó orientación y medidas de protección para evitar represalias, además de manifestar su disposición para colaborar con la investigación que, en su caso, llevaría a cabo el Órgano Interno de Control de la SEP.
Presuntas órdenes para solicitar recursos
En un segundo documento entregado el 23 de septiembre de 2025 a la Subsecretaría de Educación Básica, el denunciante afirmó que Loaiza Escalona instruía solicitar dinero para supuestos trámites como dictámenes de braille, permisos para un sitio web antiplagio y visitas a escuelas multigrado.
Según el testimonio, estos recursos habrían sido obtenidos de salarios correspondientes a personal que no laboró durante determinados meses, y dichas prácticas —señaló— eran del conocimiento y contaban con la aprobación del entonces titular del área.