El conflicto por el despojo de tierras ejidales vuelve a sacudir al estado. Ejidatarios de la comisaría de Sierra Papacal interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 para solicitar la nulidad de una asamblea realizada el 14 de noviembre de 2010, en la que presuntamente se cambió el destino de tierras de uso común a parcelas individuales, lo que derivó en la adjudicación de 2,868 hectáreas a un grupo de apenas 14 personas.
Los campesinos sostienen que este proceso permitió la concentración de gran parte del territorio ejidal en pocas manos y denuncian que detrás del caso podría operar una presunta red inmobiliaria interesada en urbanizar la zona, ubicada en una de las áreas de mayor crecimiento al norte de Mérida, Yucatán.
La demanda, registrada en el expediente 268/2021, cuenta con el respaldo de aproximadamente 140 ejidatarios, quienes señalan irregularidades graves en el acta de asamblea, entre ellas falta de documentación, posibles inconsistencias en firmas y decisiones tomadas sin consenso pleno de la comunidad.
El litigio no solo busca anular dicha asamblea, sino también la devolución o el pago de las tierras actualmente en poder de terceros que se ostentan como ejidatarios, posesionarios o avecindados. Entre las superficies afectadas se incluyen áreas impactadas por el ramal de carga del Tren Maya que conecta Poxilá, en Umán, con San Ignacio, en Progreso.
Los inconformes aseguran que el grupo beneficiado habría concentrado cerca del 80% del territorio en disputa, presuntamente mediante prestanombres, lo que consideran un despojo sistemático de tierras comunales favorecido por el incremento del valor inmobiliario en la zona.
Actualmente el juicio se encuentra en la etapa de entrega y valoración de pruebas. Como parte del proceso, se realizará un peritaje por la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Sin embargo, los ejidatarios denuncian lentitud en el procedimiento e incluso señalan que el propio tribunal ha sancionado al RAN por anomalías durante el desarrollo del caso.
En el marco del litigio fue presentada como titular del RAN en Yucatán Mayra Lorayne Chávez Mayor, quien participará en las acciones institucionales relacionadas con el expediente.
El conflicto también se ha visto agravado por la presencia de empresas inmobiliarias que ofrecieron regularizar las tierras y promover su urbanización, así como por versiones sobre supuestas indemnizaciones vinculadas a expropiaciones realizadas en 1992 para infraestructura hídrica que abastece a la zona costera, y por el paso del tren, lo que —afirman— generó confusión dentro de la comunidad.
El padrón ejidal está integrado por 207 ejidatarios, de los cuales alrededor de 197 permanecen activos. El comisario ejidal, Gilberto Pech Toh (periodo 2025-2027), negó haber recibido recursos provenientes de la Junta de Agua Potable, del proyecto ferroviario o de otras instancias vinculadas al conflicto.
La directiva ejidal solicitó la intervención de autoridades federales y estatales para esclarecer posibles pagos por uso de tierras y establecer un diálogo que permita resolver la disputa.
Para los ejidatarios, el caso de Sierra Papacal refleja un problema estructural en Yucatán: la creciente presión inmobiliaria, los megaproyectos y la expansión urbana sobre territorios ejidales, donde la tierra no solo representa un activo económico, sino la base histórica y social de la comunidad.