Lejos de la ayuda prometida, lo que recibió don Miguel Barón fue —según denuncia su familia— un mensaje devastador: que su casa prácticamente ya está perdida… a menos que pague por ella. La advertencia llegó a través de abogados enviados por el diputado Óscar Brito, a quien la familia acusa de simular respaldo mientras el proceso para despojarlos avanza.
El caso ocurre en la colonia Delio Moreno, en Mérida, donde don Miguel y su esposa, doña Addy, llevan medio siglo viviendo en una vivienda que hoy enfrenta una orden de desalojo impulsada por particulares que adquirieron pagarés presuntamente irregulares. 😟
📄 “Pague si quiere recuperar su casa”
Según el testimonio familiar, los abogados enviados por el legislador no llegaron con soluciones jurídicas ni estrategias de defensa, sino con la recomendación de pagar a la mujer identificada como Yezmi —actual poseedora de los documentos de deuda— para que “devuelva” la propiedad.
La postura indignó a la familia, que esperaba respaldo político y legal tras haber apoyado electoralmente a Morena. “Eso ya lo hemos escuchado muchas veces”, reprochó doña Addy, señalando que no se trata de ayuda real sino de repetir la versión de la contraparte.
El episodio se tensó cuando la esposa recordó que el matrimonio está bajo régimen de bienes mancomunados, lo que complica cualquier intento de adjudicación unilateral. Los propios emisarios admitieron que ese detalle jurídico podría dificultar el despojo. ⚖️
🤝 Promesas políticas y desilusión
Don Miguel y su esposa aseguran haber participado activamente en campaña, confiando en que el nuevo gobierno respaldaría a ciudadanos vulnerables frente a abusos legales. Sin embargo, afirman que la respuesta recibida fue decepcionante.
Incluso relatan que, tras los reclamos, los abogados sugirieron que el diputado podría apoyar con algo para una kermés que la familia organiza para recaudar fondos, propuesta que interpretaron como una muestra de indiferencia ante la gravedad del caso.
🧾 El origen: pagarés firmados bajo presión laboral
La disputa se remonta a la época en que don Miguel trabajaba como chofer de autobús en la empresa Rapsa. Según su relato, a los conductores se les obligaba a firmar pagarés en blanco como condición para operar las unidades, supuestamente por concepto de “renta” del vehículo.
Esos documentos nunca le fueron devueltos cuando dejó la empresa tras un conflicto laboral. Años después, al quebrar la compañía, los pagarés habrían pasado a manos de acreedores, quienes completaron las cantidades —20 mil y 80 mil pesos— para iniciar un procedimiento judicial.
Para la familia, se trata de un mecanismo fraudulento utilizado para apropiarse de bienes de ex trabajadores. 📉
⏳ Un proceso detenido… hasta que se reactivó
El expediente permaneció inactivo durante años, pero recientemente fue reactivado con rapidez inusual, lo que la familia atribuye a influencias políticas de los demandantes. En agosto de 2025 se intentó ejecutar el desalojo, frenado únicamente por la intervención de vecinos y asesoría legal independiente.
Posteriormente, en una audiencia de conciliación celebrada en enero de este año, la parte demandante ofreció desistirse del procedimiento si se pagaban 450 mil pesos —casi el valor total de la vivienda—, lo que para los afectados equivale a comprar su propia casa. 💸