Lo que comenzó como una investigación contra estructuras dedicadas al robo en carreteras terminó colocando a dos gobiernos municipales en el centro de la tormenta.
Como parte del Operativo Enjambre, autoridades federales desplegaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas nueve personas presuntamente relacionadas con una estructura criminal dedicada al robo de transporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz.
Entre los detenidos se encuentra Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, quien quedó bajo investigación junto con Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.
El golpe no fue menor. Durante los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, así como 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
La dimensión del aseguramiento contrasta con la función pública de algunos de los detenidos y coloca nuevamente sobre la mesa el riesgo de que estructuras criminales puedan encontrar respaldo, protección o complicidades dentro de gobiernos locales.
OTRO ALCALDE, TAMBIÉN DETENIDO
El caso de Esperanza se suma a la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, señalado por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Los dos casos han encendido los focos rojos sobre la seguridad y las posibles redes de protección alrededor de determinados gobiernos municipales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las acciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales.
De acuerdo con el funcionario, el objetivo es impactar directamente delitos como el robo carretero, robo al autotransporte de carga y pasajeros y la extorsión, particularmente en una zona estratégica como la carretera Puebla–Veracruz.
Más allá de las armas, los vehículos y el equipo asegurado, el caso deja una interrogante política inevitable: ¿cómo es posible que una estructura dedicada a delitos de alto impacto opere mientras entre los detenidos aparecen funcionarios municipales y personas vinculadas directamente con un alcalde?
Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad individual de cada detenido y establecer si existió una estructura de complicidades dentro de las instituciones municipales.
Por lo pronto, el Operativo Enjambre vuelve a poner bajo la lupa la relación entre poder político local y crimen organizado, mientras las investigaciones avanzan para determinar hasta dónde llegaba esta presunta red.