La misteriosa renuncia de Mario Can Marín como titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) del pasado 18 de octubre, abrió un “boquete” sin precedente en la historia de Yucatán en una instancia, que paradójicamente debería pugnar y velar por las prácticas honestas.
Autoridades judiciales tienen bajo investigación el modus operandi de Can Marín en la venta de auditorías “limpias y sanas”, mismas que al encontrar la “punta del hilo” conectan toda una madeja de malas y corruptas acciones operadas por Aarón Azael Cámara Caballero, Director Jurídico de la ASEY, y mano derecha de Can Marín.
Era un secreto a voces que los municipios eran víctimas de extorsión, o la salvación de alcaldes corruptos, pues, a nombre del titular, el Director Jurídico, Cámara Caballero buscaba entablar “acuerdos” para asegurar un expediente limpio de toda malversación de fondos a los presidentes municipales.
Y mientras unos “le entraban” con tal de cubrir sus desvíos millonarios, otros, solo se quejaban entre ellos, y aguantaban pagar esos “acuerdos” a cambio de no recibir una multa millonaria, muchas veces, responsabilidad del alcalde anterior que había sumido a su administración en la deuda.
Como se sabe la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Yucatán, aprobó el proyecto de dictamen que contiene el oficio en el cual Mario Can Marín presenta su renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado el pasado 18 de octubre. Desde ese entonces han salido a la luz pública las quejas de alcaldes que han corroborado que fueron víctimas de extorsión por parte del ahora ex titular.
La venta de favores, el “lavado de expedientes” eran el producto principal de Mario Can Marín, con su operador Aarón Azael Cámara Caballero, hombre de todas sus confianzas en la Dirección Jurídica.
